El senador senior de Carolina del Norte por el Partido Republicano afirma que quiere que nueve condados "santuario", entre ellos Buncombe, rindan cuentas, pero el sheriff Quentin Miller afirma que la etiqueta en sí misma es "flagrantemente incorrecta".
A finales de abril, en X, el senador republicano Tillis acusó a nueve condados de Carolina del Norte de negarse a cooperar con las fuerzas del orden federales y de dar cobijo a "delincuentes ilegales peligrosos".
"Pronto presentaré una ley para que estas jurisdicciones santuario rindan cuentas", escribió Tillis.
Anteriormente, el presidente Donald Trump había firmado una orden ejecutiva en la que ordenaba a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, identificar y destacar públicamente las jurisdicciones que no cooperaran con las autoridades federales de inmigración.
El DHS publicó una lista de jurisdicciones "santuario" el 29 de mayo, pero la retiró días después, según WLOS.
En respuesta a la publicación de Tillis la semana pasada, Miller escribió, "El condado de Buncombe nunca ha sido un condado santuario. No existe ninguna política de la BSCO que limite en modo alguno nuestra cooperación con las fuerzas del orden federales o los servicios de inmigración".
Miller también envió una carta a Tillis en la que afirma, entre otras cosas: "Solicito oficialmente una aclaración sobre cómo se determinó en 2025 que el condado de Buncombe sería calificado como jurisdicción santuario y, si no puede proporcionar los datos necesarios y pertinentes para respaldar esa calificación, le ruego que retire al condado de Buncombe de la lista de santuarios".
A continuación, el sheriff explicó en un vídeo de casi cuatro minutos que su oficina cumple plenamente con una ley estatal que exige a todos los sheriffs de Carolina del Norte retener a cualquier detenido que no tenga pruebas de su ciudadanía o de su estatus migratorio legal. La retención, que se aplica a los acusados de delitos graves o faltas graves, permite a los agentes del ICE disponer de hasta 48 horas adicionales para verificar su estatus o ponerlos bajo custodia.
"Desde la aprobación del proyecto de ley 10 de la Cámara de Representantes, hemos tenido 15 detenidos sobre los que hemos contactado con el ICE", dijo Miller. "Uno de ellos sigue bajo nuestra custodia y acabamos de entregar otro al ICE".
Antes de que el proyecto de ley HB10 entrara en vigor, Miller no acataba las órdenes de detención del ICE. En 2019, decidió que el condado de Buncombe se retirara del programa del ICE conocido como 287(g), que recurre a las fuerzas del orden locales para ayudar en la aplicación de la ley de inmigración.
Los acuerdos del programa 287 (g) se basan en tres modelos, según el sitio web de la agencia:
- La aplicación de la ley de inmigración en las cárceles, que puede dar lugar a procesos de deportación después de que una persona sea detenida por las fuerzas del orden estatales o locales.
- Grupos de trabajo locales que amplían la autoridad limitada en materia de inmigración a los agentes de policía locales.
- Formación y autoridad en materia de ejecución de órdenes judiciales, lo que permite a los agentes del orden estatales y locales ejecutar órdenes administrativas.
El ICE tiene 649 acuerdos activos con organismos locales y estatales, y 79 más pendientes a fecha de 6 de junio, según su sitio web. Estos acuerdos están activos en tres condados del oeste de Carolina del Norte: Yancey, Henderson y Cherokee.
Miller afirma que su razonamiento para no cumplir las órdenes de detención del ICE antes de que la ley HB 10 entrara en vigor era sencillo: no se trataba de un documento judicial válido.
"La razón por la que no acaté las órdenes de detención en ese momento fue porque no estaban firmadas por un juez y, por lo tanto, no eran un documento judicial válido para retener a un detenido que, de otro modo, habría podido ser puesto en libertad", afirmó Miller. "Ahora que la Ley 10 de la Cámara de Representantes es ley e incluye tanto una orden de detención como una orden judicial, no tengo ningún problema en aplicar la retención de 48 horas".
BPR se puso en contacto con la oficina de Tillis para obtener comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.
