El jueves, el Senado de Carolina del Norte aprobó Proyecto de ley 10 de la Cámara en una votación de 28 a 16.
Una versión anterior del controvertido proyecto de ley fue vetada hace dos años por el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.
HB10 requeriría cooperación entre los 100 alguaciles de Carolina del Norte y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, incluida la verificación del estatus migratorio de los detenidos y la colaboración en los procesos de deportación.
El proyecto de ley requeriría que los alguaciles cumplan con las solicitudes de ICE de detener, durante al menos 48 horas, a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente. Las prisiones locales pagarían la factura del procesamiento y alojamiento de los detenidos mientras los funcionarios federales revisan su estatus migratorio. Se requeriría que todos los condados compartieran bases de datos de detención e intentarán averiguar el estatus migratorio de cualquier persona en la cárcel local.
En 2019, el sheriff del condado de Buncombe, Quentin Miller, anunció que el departamento ya no mantendría a personas en la cárcel únicamente para darle a ICE más tiempo para determinar el estatus migratorio del recluso. El Departamento dejó de participar en el programa 287-G.
Claudia Rivera Cotto, periodista bilingüe que cubre política e inmigración en Carolina del Norte para Enlace Latino NC, estuvo en Raleigh cubriendo la HB 10 esta semana. Charló con BPR después de la votación del Senado.
Las preguntas y respuestas de la entrevista del reportero y presentador de BPR Jose Sandoval con Rivera Cotto se encuentran a continuación, editadas para mayor claridad y brevedad.
BPR: ¿Cuál es la última versión del Proyecto de Ley 10 de la Cámara de Representantes?
RIVERA COTTO: El Proyecto de Ley 10 de la Cámara de Representantes requeriría que los funcionarios del sheriff colaborarán con ICE aquí en el estado de Carolina del Norte. El proyecto de ley (si se aprueba en el Senado y se convierte en ley) entrará en vigor el 1 de julio de 2024.
BPR: ¿Cuáles son algunos de los argumentos que han utilizado los partidarios de este proyecto de ley?
RIVERA COTTO: Estaban discutiendo que este proyecto de ley no aplicará para faltas menores. Entonces eso era algo que estaban usando para dar a entender que estaba dirigido específicamente a inmigrantes detenidos por delitos más graves.
BPR: ¿Cuáles son algunos de los argumentos que han utilizado quienes no apoyan este proyecto de ley?
RIVERA COTTO: Sí, entonces el argumento de la parte que no respalda el proyecto de ley es que ha habido otros proyectos de ley en el pasado y en otros estados que han demostrado, en la práctica, que los inmigrantes que son detenidos y enviados a ICE han sido detenidos por infracciones menores como infracciones de tráfico. Sejal Zota, directora legal de Just Futures Law en Carolina del Norte, dijo que esto podría establecerse como un proceso de deportación inconstitucional porque involucra al sheriff local (aplicación de la ley de inmigración). Así que esos son dos de los principales argumentos que han estado esgrimiendo desde el lado que está en contra del proyecto de ley.
BPR: ¿Que sigue?
RIVERA COTTO: Tiene que volver a la Cámara de Representantes... muy probablemente la próxima semana. [Nota del editor: una versión de la HB 10 fue aprobada en la Cámara pero requiere una votación nuevamente ya que hubo enmiendas en el Senado]. Aún no lo han puesto en el calendario. Así que tendremos que estar atentos a eso. Y luego, una vez que se apruebe allí, pasará al Gobernador Cooper. Si el Gobernador Cooper decide vetar este proyecto de ley… La diferencia (en comparación con años anteriores) es que ahora la Asamblea General tiene una supermayoría (de republicanos), en cuyo caso podrán anular ese veto.
BPR: ¿Hay algo más que le gustaría agregar a nuestra conversación y de lo que aún no hayamos hablado?
RIVERA COTTO: El director legal con el que hablé dice que existe una posible violación de la Cuarta Enmienda específicamente si estas no están firmadas por el juez; sin embargo, la HB 10 aborda esta preocupación. Por lo que requiere que un juez estatal emita la orden y autorice la detención de individuos por asuntos migratorios. La preocupación que esto plantea al abogado es que podría entrar en conflicto con otras leyes federales y crear incertidumbre sobre los derechos constitucionales de las personas. Por lo tanto, en su opinión, no sólo afectará a la comunidad latina o inmigrante, sino que también podría afectar a los ciudadanos estadounidenses si son detenidos por error por ICE.
