Tras varias órdenes de inmigración de la administración Trump, los legisladores republicanos de Carolina del Norte quieren fortalecer la relación entre los organismos estatales encargados de hacer cumplir la ley y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
Una nueva medida propuesta en el Senado estatal exigiría al Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, al Departamento de Correcciones para Adultos, a la Patrulla Estatal de Carreteras y a la Oficina Estatal de Investigación que firmen acuerdos con las autoridades federales. Los acuerdos, llamados acuerdos 287 g, delegan en ciertos agentes de la ley estatales y locales para que desempeñen ciertas funciones de los agentes federales de inmigración, según el American Immigration Council.
BPR informó anteriormente sobre una ley similar, conocida como House Bill 10, que exigía a los 100 sheriffs de Carolina del Norte que cooperaran con el ICE y retuvieran a cualquier sospechoso con una orden de detención en su cárcel hasta 48 horas más para dar tiempo a que los agentes del ICE se hicieran cargo de él.
El año pasado, la mayoría absoluta de la Cámara y el Senado de Carolina del Norte anuló el veto del entonces gobernador Roy Cooper al proyecto de ley HB10, y el proyecto de ley se convirtió en ley el pasado mes de diciembre.
La última medida, SB153, fue aprobada por el Comité de Reglas y Operaciones del Senado Estatal el 27 de febrero.
El proyecto de ley también incluye disposiciones que prohíben a los inmigrantes indocumentados obtener beneficios financiados por el estado como Medicaid o ayuda alimentaria en caso de desastre (D-SNAP). Crearía incentivos para que los colegios y universidades del sistema de la UNC cumplan con las leyes estatales relacionadas con la inmigración.
Claudia Rivera Cotto, periodista bilingüe que cubre política e inmigración en Carolina del Norte para Enlace Latino NC, ha estado cubriendo el SB153. Conversó con BPR antes de la votación del Senado el 4 de marzo.
A continuación se muestra la entrevista del reportero y presentador de BPR, José Sandoval, con Rivera Cotto, editada para mayor claridad y brevedad.
BPR: ¿Qué implica el proyecto de ley 153 del Senado?
RIVERA COTTO: Este proyecto de ley se dirige específicamente a cuatro agencias estatales. Obliga al Departamento de Seguridad Pública (de Carolina del Norte), al Departamento de Correcciones para Adultos, a la Patrulla de Carreteras del Estado y a la Oficina Estatal de Investigación a cumplir con el ICE. Requerirá algunas auditorías de la Oficina Estatal de Gestión Presupuestaria para asegurarse de que los inmigrantes indocumentados no se beneficien actualmente de programas que cuentan con dinero estatal. Prohibirá a cualquier colegio o universidad de Carolina del Norte adaptar políticas que puedan beneficiar o proteger a los estudiantes inmigrantes. Por último, permitirá a cualquier ciudadano de Carolina del Norte demandar a las ciudades que, en su opinión, tienen políticas de ciudad santuario.
BPR: ¿Quiénes son los patrocinadores de este proyecto de ley y cómo se ha elaborado?
RIVERA COTTO: Por el líder del Senado estatal, Phil Berger. Está patrocinado por los senadores Buck Newton y Warren Daniel. Los senadores que han creado la SB153 han mencionado que lo hacen en un esfuerzo estatal para apoyar el plan de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. Esto es parte de la colaboración con la aplicación federal. El senador Newton calificó la medida como el, "siguiente paso" para que el estado frene la inmigración ilegal.
BPR: La medida tiene una disposición para garantizar que los fondos estatales se utilicen para las personas que residen legalmente en Carolina del Norte. ¿Es cierto que los inmigrantes utilizan las prestaciones estatales aquí en Carolina del Norte?
RIVERA COTTO: La senadora Sophia Chitlik (Durham) preguntó por qué existe la disposición de auditar la participación de los inmigrantes indocumentados en las prestaciones públicas, ya que se supone que los inmigrantes indocumentados legales no deben recibir estos fondos. Están excluidos de programas como DSnap y preguntó si hay alguna prueba de que los inmigrantes indocumentados lo estén haciendo en este estado. El senador Newton dijo que no hay pruebas de que los inmigrantes indocumentados estén utilizando este programa, pero argumentó que esta auditoría es necesaria para poder verificarlo.
BPR: Hacia el final del proyecto de ley, hay posibles incentivos para que las instituciones de la UNC cumplan con las leyes estatales relacionadas con la inmigración. ¿Sabe cuáles son esos incentivos?
RIVERA COTTO: No, eso es otra cosa que no explicaron cuáles serían los incentivos. Lo que realmente aclararon es que prohibiría a las universidades adoptar cualquier política que protegiera a los inmigrantes.
BPR: ¿Qué más destaca de la ley?
RIVERA COTTO: La disposición que eliminará cierta protección de inmunidad gubernamental para los gobiernos locales. Esa parte significa que los ciudadanos de Carolina del Norte ahora pueden demandar a aquellas ciudades que creen que tienen políticas de ciudad santuario.
