En su primer día en el cargo, la fiscal general Pam Bondi emitió un memorándum que, entre otras cosas, recorta fondos federales a las "ciudades santuario".
La abogada senior de la ACLU de Carolina del Norte, Jaclyn Maffetore, explicó a Enlace Latino NC que es poco probable que afecte directamente a ciudades en Carolina del Norte debido a las leyes estatales ya vigentes.
Sin embargo, su implementación podría tener efectos indirectos, especialmente en aquellas ciudades que han sido más cautelosas con la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Le puede interesar: Vanessa Cárdenas: "Trump quiere poner un blanco en la espalda de todos los inmigrantes"
¿Qué son las "ciudades santuario"?
Generalmente se considera a una jurisdicción como "cuidad santuario" si decide no colaborar de manera activa con ICE.
La ley federal les permite elegir no con ICE, "siempre y cuando no obstruyan las operaciones de los agentes federales", explicó Maffetore.
Sin embargo, el memorándum emitido por el gobierno federal ofrece una definición más precisa para lo que considera una "jurisdicción santuario".
Este incluye a "las jurisdicciones estatales o locales que se niegan a cumplir con ciertas leyes federales, o que de manera intencional no cumplen con ellas, pueden ser consideradas como tales", dijo Maffetore.
"El memorando describe a las ciudades santuario de manera más restrictiva que la comprensión general del término, señalando que cualquier jurisdicción que obstruya o se niegue a seguir la ley federal puede ser clasificada como tal", añadió Maffetore.
Aplicación en Carolina del Norte
La abogada Maffetore cree que es poco probable que el estado enfrente un impacto directo debido al memorándum de la Fiscal General.
Esto se debe principalmente a la ley HB 318, aprobada en 2015 por la Asamblea General de Carolina del Norte. Esta ley, firmada por el entonces gobernador Pat McCrory, prohíbe a las ciudades santuario en el estado.
La legislación reciente, HB 10, refuerza esta obligación al exigir que las jurisdicciones locales respeten las solicitudes de detención de ICE.
"En Carolina del Norte, la ley ya prohíbe que las ciudades o condados implementen políticas santuario. HB 10 refuerza esto al exigir que los gobiernos locales cooperen con ICE en muchas circunstancias, como honrar las solicitudes de detención y notificar a ICE cuando alguien pueda tener un estatus migratorio indocumentado," dijo la abogada.
Maffetore señala que ciudades como Greensboro, que antes eran cautelosas con ICE, ya no pueden considerarse santuario debido a la ley estatal.
Esto implica que el riesgo de que las ciudades de Carolina del Norte sufran recortes en fondos federales debido a este memorándum es bajo.
Efecto indirecto por presión política
Aunque la ley estatal exige cooperar con ICE, algunas ciudades podrían verse afectadas por presiones políticas o recortes de fondos federales.
"Eso podría generar un efecto disuasorio en esas jurisdicciones, que por buenas razones, podrían querer destinar sus recursos a algo diferente que no sea ayudar a la aplicación de la ley de inmigración de ICE", señala Maffetore.
La abogada enfatiza que las jurisdicciones deben seguir respetando los derechos fundamentales de todos los residentes, incluidos aquellos sin estatus migratorio.
"Es importante que sigan utilizando su discreción para proteger a sus comunidades en la medida que lo permita la ley", añadió.
Le puede interesar>> ConsulApp Contigo: protección consular para mexicanos en Carolina del Norte
Desafios legales
Maffetore explicó que, aunque la administración de Trump intentó ilegalizar las ciudades santuario, los tribunales federales detuvieron esas acciones. "No me sorprendería si algo similar ocurre ahora", dijo la abogada.
Maffetore añadió que es posible que algunas ciudades de Carolina del Norte sean objeto de esta ley aun cuando no explícitamente "jurisdicciones santuario".
Uno de los aspectos más relevantes del memorándum es la posible congelación de fondos federales. Maffetore señala que, aunque el memorándum menciona esta congelación, "no está claro cómo se aplicaría esto a las jurisdicciones específicas".
Algunos de estos fondos pasan por agencias estatales y son estas las que deciden la distribución de los fondos, complicando su aplicación.
El memorándum podría violar la Décima Enmienda, explicó la abogada, al forzar a las jurisdicciones locales a colaborar con la ley federal de inmigración.
"Cualquier jurisdicción que enfrente algún tipo de ataque por este memorándum será forzada a luchar, ya que los tribunales ya han fallado que forzar a las jurisdicciones a asistir en las actividades de aplicación de la ley de inmigración federal viola la Décima Enmienda", agregó Maffetore.