En una manifestación en Asheville contra el Proyecto de Ley 10 de la Cámara de Representantes en Carolina del Norte, miembros y activistas de la comunidad dijeron el martes que la legislación es un ataque a la comunidad inmigrante.
Como informó anteriormente por BPR, una versión del controvertido proyecto de ley fue vetada hace dos años por el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper.
HB10 requeriría que todos los alguaciles de Carolina del Norte cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, incluso verificando el estatus migratorio de los detenidos en las cárceles locales y colaborando en los procedimientos de deportación.
El proyecto de ley requeriría que los alguaciles cumplan con las solicitudes de ICE de detener, durante al menos 48 horas, a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente. Las prisiones locales pagarían la factura del procesamiento y alojamiento de los detenidos mientras los funcionarios federales revisan su estatus migratorio. Se requeriría que todos los condados compartieran bases de datos de detención e intentarán averiguar el estatus migratorio de cualquier persona en la cárcel local.
Mel Espinoza hizo carteles cuando protestaban por el acuerdo 287-g en el condado de Henderson.
Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción (CIMA), una organización sin fines de lucro con sede en Asheville que apoya los derechos de los inmigrantes en el oeste de Carolina del Norte, realizó una vigilia en la base restante del Monumento Vance en el centro de la ciudad para expresar su postura. Asistieron unas 70 personas.
Ernesto Tocoa, miembro del equipo de extensión comunitaria de CIMA, dijo que el proyecto de ley infundirá miedo. Incluso recordó su propia experiencia cuando ICE detuvo a más de una docena de personas locales en2018.
“Estaba trabajando en la construcción y la verdad no trabajé durante una semana entera por miedo a salir de mi casa y que me agarrara inmigración y dejara a mis tres hijos aquí en Estados Unidos”, dijo Tocoa.
Tocoa señaló que los inmigrantes sostienen la economía en el centro de Asheville y sus alrededores.
“En todos los restaurantes aquí en el centro y en los hoteles hay inmigrantes lavando los platos, limpiando los pisos, lavando las sábanas. Incluso hay gente trabajando en el edificio del tribunal aquí y son inmigrantes”, dijo.
Dulce Morales, miembro de extensión comunitaria de CIMA, dijo que el proyecto de ley propuesto tendrá un efecto dominó derivado de la separación familiar.
“Afectará a nuestros estudiantes latinos y a la economía. Los pondrá en un lugar peligroso. Verán abusos como el robo de salarios”, dijo Morales.
“Cuando alguien de la comunidad va a trabajar, alguien podría decir que no te van a pagar, llamaré a la policía. Generará miedo en la comunidad y confianza entre la policía y la comunidad latina indocumentada porque tendrán miedo de llamar a la policía”.
Morales agregó que si el proyecto de ley se convierte en ley, CIMA ayudará a la comunidad a prepararse.
“Queremos comenzar con talleres de 'conoce tus derechos'. Dar esas capacitaciones y espacios donde los padres puedan tener cartas de poder”, dijo Morales.
“Si detienen a los padres, ¿qué va a pasar con sus hijos? Con estas cartas de poder, los padres podrán opinar sobre dónde terminarán sus hijos. Y si hay algo positivo en esto, unirá a la comunidad”.
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado de Carolina del Norte la semana pasada y pronto llegará a la Cámara de Representantes, donde se espera que sea aprobado. Es probable que Cooper vete la legislación, pero los republicanos tienen una supermayoría en la Cámara, lo que significa que la HB10 podría convertirse en ley con una votación de anulación. Si se promulga, el proyecto de ley entraría en vigor el 1 de julio.
